López Obrador busca revocar un contrato de 100 años otorgado a una empresa privada para operar el puerto de Veracruz
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que buscará revocar el contrato por un siglo que se concedió a una empresa privada para el manejo del puerto de Veracruz.
“Un delincuente de una banda debe ser castigado, pero, a ver, ¿el que otorga un contrato para que una empresa maneje el puerto de Veracruz 100 años qué? ¿Cómo se le llama a eso? O sea, un bien público que se entrega por 100 años, me acabo de enterar. Claro que hay que buscar que se revoque ese contrato”, comentó en la conferencia matutina de este martes.
El mandatario explicó que se había enterado a primera hora de la mañana de la existencia de ese contrato, que se concedió durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) por 50 años, y 10 días después de las elecciones presidenciales de 2018, se renovó dicho contrato por otros 50 años.
Los puertos, bajo control de la Fuerzas Armadas
Por ello, aseguró el mandatario, se tomó la decisión, en julio pasado, de poner la administración de los puertos a manos de las Fuerzas Armadas, con el fin de contener la corrupción y la intervención del narcotráfico en las aduanas.
“Para ser más precisos me enteré hoy de lo del puerto, por eso estamos poniendo orden en puertos, aduanas y en migración, porque todo estaba echado a perder, corrupción de todos lados, tenemos que limpiar y ahí vamos, poco a poco y hemos avanzado”, apuntó el presidente.
El puerto al que hace referencia López Obrador fue concesionado en febrero de 1994, durante el sexenio de Salinas, a la empresa privada Administradora Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., por un periodo de 50 años. Posteriormente, en 2018, el secretario de Comunicaciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto otorgó una ampliación por otros 50 años, concluyendo así, dicha concesión, para el año 2094.
El presidente López Obrador anunció una cruzada anticorrupción desde su arribo al poder en diciembre de 2018. Durante su administración, la Fiscalía General de la República ha judicializando casos de políticos de alto perfil, como el de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, entre otros.